Raúl Rodríguez Cortés

¿Sirvió la alianza PAN-PRI-PRD? ¿Tiene futuro? ¿Influirá en la consulta sobre revocación de mandato a la que se someterá AMLO el año próximo? ¿Logrará mantenerse en las elecciones presidenciales de 2024?

Para los partidos que construyeron la alianza “Va por México” y de cara a los resultados federales de los comicios del pasado 6 de junio, se puede decir que sirvió, que fue funcional para ellos. Al PAN le permitió pasar de 80 a 111 diputados, al PRI de 49 a 70 y al PRD de 12 a 15. En este último, la alianza evitó la muy probable pérdida del registro.

Sumados sus votos serán 196 que opondrán a los 282 que suman Morena y sus aliados PVEM y PT. “Va por México” no logró el objetivo principal de arrebatarle al partido de AMLO y asociados las mayorías relativa y absoluta, pero sí le quitó la calificada, lo que obliga a éstos últimos a construir acuerdos con la oposición, si es que quieren realizar reformas constitucionales.

Si a lo anterior se suman los resultados obtenidos en la Ciudad de México (alcaldías y Congreso local) y en varios municipios del país, puede validarse el aserto de que la alianza opositora fue funcional, sobre todo para el PAN y el PRI. Este último registró la pérdida de ocho gubernaturas, lo que el priismo atribuye –decíamos en entregas pasadas– al abandono de los gobernadores (para amarrar pactos de impunidad), y ahora se denuncia (aún sin pruebas irrefutables), la intervención de la delincuencia organizada.

La construcción de la alianza PAN-PRI-PRD tuvo que remontar no solo la presión ejercida en su contra desde el Palacio Nacional, sino el rechazo de varios gobernadores. De acuerdo con testigos de las negociaciones, desde el PAN las reticencias venían desde Tamaulipas, Guanajuato, Aguascalientes y Chihuahua. Desde el PRI se dejaban sentir en Coahuila, Oaxaca, Hidalgo y el Estado de México. Este fue el último en sumarse, más por la presión de los negociadores y de los dirigentes nacionales panista, Marko Cortés; priista, Alejandro Moreno; y perredista, Jesús Zambrano, que por el consentimiento del gobernador Alfredo del Mazo y de la dirigente local del tricolor, Alejandra del Moral.

En la negociación aliancista mexiquense participaron por el blanquiazul el munícipe de Huixquilucan con licencia, Enrique Vargas del Villar, y por el PRD, Cristian Campuzano. Ambos recuerdan que el mandatario mexiquense desdeñó la alianza desde un principio y que incluso el albiazul llegó a plantear que no la concretaría porque, según su dirigente local, Joerg Inzunza Armas, veían a Del Mazo y al priismo local muy cerca “política e institucionalmente” a ya saben quién.

Se dice que cuando se firmó el acuerdo aliancista por encima de su voluntad, el gobernador del Estado de México montó en cólera, se dedicó a torpedearlo y se lavó las manos ante la 4T diciendo que él jamás la aprobó y que era culpa de los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD.

El caso es que, tras las elecciones, al mandatario mexiquense y al PRI les fue muy bien. La alianza con el PAN y el PRD les permitió recuperar la mitad del Congreso local y ganar en 77 de los 125 municipios de la entidad. El propio Del Mazo ha hecho alarde de sus excelentes resultados electorales. Para hacer eco de ello convocó a un acto al priismo mexiquense en el que estuvieron los exgobernadores César Camacho, Arturo Montiel y Eruviel Ávila.

Por supuesto que tiene que celebrar y hasta alardear, pero también debe reconocer que fue resultado de una alianza que él tanto desdeñó. Una alianza con objetivos electorales prácticos más que con sustancia programática que, por lo visto, está destinada a prevalecer en las presidenciales de 2024 y que acaso influya en los resultados de la consulta de revocación de mandato del año próximo.

Instantáneas:

1. OTRAS CULPAS. Ya le comentaba aquí de la responsabilidad atribuida a los gobernadores priistas por la pérdida de ocho gubernaturas. Dicen los que saben que lo más que hizo la mayoría fue cumplir con el pago a la estructura partidista de sus estados. También afirman que muchos de los que hoy cuestionan a Alejandro Moreno Cárdenas son quienes entregaron al gobierno y al partido en las peores condiciones. Asimismo recuerdan que el PRI sigue pagando deudas a proveedores de tres presidencias anteriores, además de que tuvo que cubrir multas por ilícitos cometidos entre 2016 y 2019. Refieren más directamente que Miguel Ángel Osorio Chong tuvo a su cargo organizar las campañas para senadores en 2018 para lo cual dispuso de 729 millones de pesos y solo ganó uno de 32 asientos de mayoría.

2. JUEGO DE NARCOS. Líneas arriba le decía que quienes desde el PAN-PRI-PRD analizan las causas de sus derrotas en la mayoría de los quince estados donde hubo elecciones de gobernador, han agregado una: la de la abierta participación de la delincuencia organizada. No hay hasta ahora evidencias contundentes, pero sí muchos testimonios. Es el caso de Sinaloa donde el periódico Río Doce da cuenta de las denuncias de operadores electorales del PRI presuntamente “levantados” por sicarios del narco para que no se interpusieran en su estrategia de favorecer a los candidatos de Morena.

3. ¿NARCOGOBIERNO? Otro caso es Michoacán donde operadores de la alianza opositora denunciaron, desde el mismo día de la elección, la intromisión de grupos delincuenciales, sobre todo en Tierra Caliente. En ello basa el gobernador Silvano Aureoles la grave acusación de que, con el candidato ganador de Morena, Alfredo Ramírez, ese estado tendrá un narcogobierno. AMLO le exigió ayer mismo que lo pruebe y el líder nacional del partido en el gobierno, Mario Delgado, respondió con un vaticinio-amenaza: “Aureoles irá a la cárcel por sus vínculos con el crimen organizado”.

4. FACTURA ELECTORAL. Gabriel García Hernández ha sido de tiempo atrás uno de los más influyentes operadores políticos de AMLO, si no es el que más. Por eso llamó la atención que ayer renunciara a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo. Este hombre que fuera el jefe de todos los superdelegados y de los Siervos de la Nación de la 4T, explicó que regresará al Senado porque su suplente, Alejandro Peña, se incorporará a labores partidistas en Morena. La explicación no parece suficiente y acaso sugiere que más bien se trate del cobro de una factura electoral. García Hernández no entregó los resultados electorales esperados por AMLO y lo saca para meter a otro operador electoral de peso para la segunda parte de su gobierno. ¿O será, acaso, una huida hacia delante de García para que coordine a los senadores de Morena? Todo esto se inscribe en los ajustes que el Presidente está haciendo, y seguirá haciéndolo, en el gabinete.

5. INTERCAMBIO DE CULPAS. El colapso por inundación de una mina carbonífera de Múzquiz, Coahuila, que cobró la vida el pasado viernes cuatro de junio de siete mineros, ha desatado un intercambio de acusaciones entre el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, y el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís. Este último, culpa a Bartlett de provocar una crisis en la región carbonífera del estado por haber bajado el precio del carbón que suministran a la CFE. Riquelme argumenta que la disminución del precio provocó que los empresarios mineros descuidaran el mantenimiento de sus minas. Bartlett le respondió que, sabiendo de ese descuido en el mantenimiento, el gobernador debió evitarlo exigiendo medidas de seguridad, cosa que no hizo; a lo que Riquelme le contestó que es muy grave su ignorancia ya que la minería y la electricidad son competencia exclusiva de la Federación y que los gobiernos estatales solo pueden intervenir a petición de esa instancia. Y por si algo faltara, el mandatario coahuilense acusó al director de la CFE de favorecer a unas cuantas empresas, entre otras la de Tony Flores, hermano de la alcaldesa electa de Morena en Múzquiz. Bartlett, por su parte, lo acusa de proteger cínicamente a quienes quieren monopolizar la compra de carbón, en contra de los pequeños productores. Lo cierto es que el carbón de la mina accidentada era para las termoeléctricas de la CFE en Nava, para cumplir con un contrato adjudicada el 20 de agosto de 2020. Ya le daré los detalles en la próxima entrega.

6. IMSS CONTRATA INEXPERTOS. El Seguro Social dio a conocer el miércoles pasado los resultados de la licitación para el suministro por dos años de pruebas de tamiz neonatal. Las empresas finalistas fueron Laboratorios San Ángel (LABSA), con una propuesta 18.5 millones de pesos por arriba de Ensayos y Tamizajes de México (EyTM). Sin embargo, estos últimos fueron descalificados y se le entregó el contrato a LABSA, una empresa que nunca había ganado el suministro de tamiz, mientras que EyTM ha sido proveedora del ISSSTE, la Sedena, Pemex y al menos quince secretarías de Salud estatales. Viejas prácticas que se reproducen y de las que le daré mayores detalles en próximas entregas.

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